Portuarios en pie de guerra contra la reforma de la estiba

En contra de la abrumadora tendencia opuesta, “estibador” es uno de esos raros barbarismos que los españoles hemos logrado injertar en el lenguaje anglosajón puesto que, como nos recuerdan dos clásicos “barristers” ingleses (Lord Chorley & O.C. Giles) “stevedores are a reminder that Spain was once a great seafaring nation, for the name stevedores is a derivation from the Spanish estibar, which signifies to pack tight”.

Y tan español como el nombre es el enconado conflicto que está sacudiendo al mundo de la estiba. Un conflicto que lleva lastrando la vieja maleta del flamante ministro de Fomento (y de sus predecesores en el cargo). Un conflicto que, lamentablemente, también puede acabar lastrando el bolsillo del contribuyente medio, puesto que la Unión Europea está a punto de aplicar una sanción diaria de 134.000 euros al Estado español por no haber aplicado o implementado aún la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de Diciembre de 2014.

Si bien habrá que valorar si resulta más rentable abonar esa multa diaria o enfrentarse a una “guerra portuaria” donde 6.150 estibadores pueden bloquear el 85% de las exportaciones y el 65% de las importaciones del país.

Antes de que se levanten barricadas en la zona de servicio portuario o, en el peor de los casos, se militarice el sector (al igual que sucedió con ocasión de la huelga de controladores aéreos del 2010), el Gobierno está tratando de agotar (antes del 17 de Febrero) el diálogo con los sindicatos sobre la base de un borrador de Real Decreto Ley (que puede consultarse aquí), cuyos objetivos son (a) modificar el actual régimen de gestión del servicio portuario de manipulación de mercancías, (b) consagrar el principio de libertad de contratación o libertad competitiva, (c) fijar un período de tránsito ordenado hacia el nuevo marco regulatorio mediante la extinción progresiva de las SAGEPs durante el próximo trienio, (d) crear “Centros Portuarios de Empleo” (CPEs) a modo de ETTs a disposición de los empresarios estibadores, (e) adaptar los Convenios Colectivos al nuevo marco regulatorio, (f) y clarificar el régimen de “auto-prestación” del servicio de estiba.

La tan ambiciosa como controvertida reforma (con su soporte sancionador subyacente) resulta ya inaplazable para el Gobierno y ha supuesto el anuncio, por parte de los sindicatos, de una Huelga General para los días 20, 22 y 24 de Febrero.

Esperemos que el diálogo  y la comprensión de unos y otros ayude a regular ese ansiado “tránsito ordenado” hacia un nuevo marco regulatorio que, según la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, podría tener un impacto positivo sobre la economía española de hasta 2.400 millones de euros (i.e. el 0,22% del producto interior bruto).

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