El Congreso no ha ratificado el Real Decreto Ley presentado por el Gobierno con el fin de reformar el régimen de la estiba conforme a los dictados de la UE. El efecto inmediato de tal rechazo ha sido la suspensión de las huelgas convocadas por los sindicatos de estibadores, así como la posible imposición de una multa diaria al Estado español de 135.000 euros. La esperada reforma liberalizadora de la estiba recibió 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.

El Gobierno previsiblemente instará otra nueva norma que seguirá los trazos de la anterior, esperando recibir más apoyos en una nueva votación futura.